domingo, 27 noviembre 2022

Berkeley explota contra la CSN tras 14 años intentando sacar su proyecto de Retortillo

La lucha de Berkeley por su planta de uranio en Salamanca es ya una larga historia, los trámites para el inició de la explotación comenzaron hace 14 años. Desde entonces el precio del uranio ha ido cayendo en el 2007 se encontraba a 140 dólares la libra cayendo hasta los 25.63 dólares en el NYMEX de 2019.

La CE en 2015 por medio de Arias Cañete y con la intercesión de exconsejero de la comunidad de Madrid, Manuel Lamela dio su parecer favorable, “para atraer financiación, se considera que el precio del uranio en el mercado que se pueda obtener para este proyecto es de 56.4 USD/LB, con el cual la empresa resultaría viable desde el punto de vista comercial”.  En febrero de 2021 el uranio se encontraba a 28.55 dólares, lo que supone una caída de la mitad del precio marcado.

Nuevo bloqueo al proyecto

En junio de este año la empresa se ha encontrado con un nuevo revés, ya que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha tumbado el proyecto siguiendo la Propuesta de Dictamen Técnico, que realizaba un informe desfavorable.  La construcción de la instalación radiactiva de primera categoría del combustible nuclear en Retortillo (Salamanca) tendrá que esperar al dictamen del Ministerio de Transición ecológica aunque hay que tener en cuenta que el informe del CSN es vinculante, lo que deja relucir cual podría ser su valoración.

Se llega a «insinuar que el CSN pueda llegar a tomar sus decisiones atendiendo a consideraciones políticas o ideológicas, y no exclusivamente técnicas”

En la evaluación se detectaron deficiencias técnicas en el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de muy baja actividad, además que la información aportada por la empresa no acota la capacidad efectiva de aislamiento que el BME propone para los residuos. En el informe también se han detectado numerosas deficiencias a lo largo de la evaluación.

Presiones al CSN

En el pasado mes de abril el presidente del CSN, José María Serena i Sender, denuncio ante la Comisión para la Transición ecológica del Congreso que estaba recibiendo presiones para autorizar el proyecto minero salmantino. Fue a principios de este año cuando Serena i Sender escribió un escrito al presidente de la Comisión acusando al director general de Energía de la Junta de Castilla y León (con fecha de 8 de julio de 2019), del presidente ejecutivo de Berkeley (con fecha de 16 de octubre de 2020), del socio director de Herbert Smith Freehills -abogados de Berkeley- (con fecha de 10 de diciembre de 2020), de la World Federation of Investors (con fecha de 31 de diciembre de 2020) y de la directora ejecutiva de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (con fecha 7 de enero de 2021) de enviar solicitudes e insinuaciones inapropiadas.

Desde Julio de 2019 el presidente del CSN afirma que ha recibido cinco cartas relacionadas con el informe sobre la planta de Retortillo. Donde se llega a «insinuar que el CSN pueda llegar a tomar sus decisiones atendiendo a consideraciones políticas o ideológicas, y no exclusivamente técnicas” además de que «los representantes de la empresa de asesoría legal de Berkeley señalaran que, de no pronunciarse el CSN con carácter inmediato y ‘en cualquier caso previamente a la aprobación de la Ley de Cambio Climático’, reclamarán cuantas responsabilidades les ampare el Estado de Derecho».

La compañía «cumple con la normativa»

Berkeley ante todas estas disposiciones afirma que su proyecto «cumple con la normativa» y esperan que desde el Ministerio atiendan a su nuevo informe de mejora para que el CSN revalúe el proyecto. El CEO de Berkeley Minera España, Francisco Bellón ha resaltado que el «informe desfavorable» del CSN «no es técnicamente acertado» y «adolece de carencias importantes». 

Debido a que en el informe se ponen trabas al hablar de «incertidumbres sin precisar por qué se producen y cuál es la manera de solventarlas».  Y se reitera en que el proyecto «cumple con todos y cada uno de los preceptivos que tiene que cumplir» y se apena por la «falta de criterio» en el informe del CSN «a la hora de decir por qué el proyecto no cumple con los criterios».

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